Sanción definitiva para la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo
La Cámara de Senadores de la Provincia dio hoy -por unanimidad- sanción definitiva al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. La norma legal sufrió modificaciones en el tratamiento de la Cámara de Diputados, las que fueron aceptadas por la Cámara alta, razón por la cual pasó al Poder Ejecutivo para su reglamentación.
La ley tiene como objetivo fundamental establecer el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio provincial y el de los municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental “con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial”.
Al hacer mención a los fines de la norma legal, se indica que se busca asegurar una mejor calidad de vida para la población, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio territorial, tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable; valorar el territorio y sus recursos como base de la identidad cultural y de la competitividad provincial; crear, desarrollar y mantener un modelo de gestión sistémico, centrado en la visión integral de la Provincia y los municipios adaptados a los procesos y avances tecnológicos, a los comportamientos competitivos de la economía, a la situación social y a la valoración estratégica de los recursos y del conocimiento; conocer, caracterizar y comprender la dinámica del medio natural, de tal manera que se establezca su aptitud, capacidad de soporte y las sinergias positivas y negativas para sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras, entre otros aspectos.
Se indica que la ley es de orden público, quedando sujetas a sus prescripciones todas las personas privadas, físicas y jurídicas y se indica que se apunta a promover el desarrollo territorial y equitativo en toda la provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales en el oasis y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas hidrográficas y regiones existentes; garantizar un sistema urbano, rural y natural equilibrado, conforme a la aptitud del suelo para los asentamientos humanos y las actividades económicas, “prestando especial atención al manejo de los riesgos naturales y antrópicos, la disponibilidad de agua en función del balance hídrico de cada cuenca hidrológica y se le agregó un artículo que hace alusión a la propiedad de los glaciares y del ambiente peri-glaciar pertenecientes al dominio público de la provincia, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales y como proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía eléctrica y atractivo turístico.
Se reconoce el valor patrimonial estratégico de los recursos naturales, sobre todo del agua, el aire y el suelo como motores del desarrollo provincial; prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero; asegurar que el Gran Mendoza sea una metrópolis de oasis con buena calidad de vida y potencia y protege las zonas agropecuarias irrigadas y de las no irrigadas, procurando su desarrollo competitivo y sostenible.
La norma legal prohíbe excepciones y crea el Consejo de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia y establece los criterios para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial.
El senador justicialista Manuel Moreno Serrano fue miembro informante de la ley, anticipando que su bancada estaba de acuerdo con las modificaciones que efectuó la Cámara de Diputados, aunque señaló que “como toda ley es perfectible, pero como se trata de conceptos que no modifican la sustancia de la ley, podría modificarse a través de leyes en el futuro”, a la vez que felicitó a los organismos y profesionales que trabajaron en la redacción de la norma legal.
Walter Saenz habló en representación de la bancada del radicalismo, anticipando el voto afirmativo e indicando que “se trata de una ley imprescindible para el desarrollo de la provincia”.
Por el bloque demócrata fue la senadora Nelly Gray de Cerdán, destacando que “ahora viene el desafío de establecer el reglamento de la ley, pensando en general sobre el desarrollo que queremos para Mendoza, porque es el timón que necesitamos para este proceso de desarrollo”. Dijo que este fue el corolario “de un esfuerzo de muchos, que han trabajado durante meses para concretar la norma legal”.
El senador de Confe, Víctor Salomone manifestó por su parte que las modificaciones efectuadas en Diputados han enriquecido la ley, a la que calificó de “necesaria, buena y que bien aplicada le puede traer muy buenos resultados a la Provincia”, destacando entonces que “vamos a seguir trabajando para enriquecerla y haciendo aportes que son fundamentales”.
Alejandra Naman también anticipó el voto afirmativo de la bancada del ARI, destacando que “el procedimiento de auditoría externa a cargo de las universidades y de los institutos de investigación contribuyen a la transparencia de la ley, a la vez que se establecen sanciones a los funcionarios públicos que pretendan transformar la ley”.
El titular de la bancada justicialista, Luis Ruzo, destacó por su parte que la ley interpreta las diferentes opiniones de los distintos sectores involucrados, destacando su satisfacción por el apoyo brindado por todos los bloques para la sanción definitiva.
Fuente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES Dirección de Comunicación Institucional
ARI Secretaría de Prensa
Si querés bajar el texto de la ley, hacé click acá
La ley tiene como objetivo fundamental establecer el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio provincial y el de los municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental “con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial”.
Al hacer mención a los fines de la norma legal, se indica que se busca asegurar una mejor calidad de vida para la población, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio territorial, tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable; valorar el territorio y sus recursos como base de la identidad cultural y de la competitividad provincial; crear, desarrollar y mantener un modelo de gestión sistémico, centrado en la visión integral de la Provincia y los municipios adaptados a los procesos y avances tecnológicos, a los comportamientos competitivos de la economía, a la situación social y a la valoración estratégica de los recursos y del conocimiento; conocer, caracterizar y comprender la dinámica del medio natural, de tal manera que se establezca su aptitud, capacidad de soporte y las sinergias positivas y negativas para sustentar las actividades antrópicas actuales y futuras, entre otros aspectos.
Se indica que la ley es de orden público, quedando sujetas a sus prescripciones todas las personas privadas, físicas y jurídicas y se indica que se apunta a promover el desarrollo territorial y equitativo en toda la provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales en el oasis y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas hidrográficas y regiones existentes; garantizar un sistema urbano, rural y natural equilibrado, conforme a la aptitud del suelo para los asentamientos humanos y las actividades económicas, “prestando especial atención al manejo de los riesgos naturales y antrópicos, la disponibilidad de agua en función del balance hídrico de cada cuenca hidrológica y se le agregó un artículo que hace alusión a la propiedad de los glaciares y del ambiente peri-glaciar pertenecientes al dominio público de la provincia, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales y como proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía eléctrica y atractivo turístico.
Se reconoce el valor patrimonial estratégico de los recursos naturales, sobre todo del agua, el aire y el suelo como motores del desarrollo provincial; prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero; asegurar que el Gran Mendoza sea una metrópolis de oasis con buena calidad de vida y potencia y protege las zonas agropecuarias irrigadas y de las no irrigadas, procurando su desarrollo competitivo y sostenible.
La norma legal prohíbe excepciones y crea el Consejo de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia y establece los criterios para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial.
El senador justicialista Manuel Moreno Serrano fue miembro informante de la ley, anticipando que su bancada estaba de acuerdo con las modificaciones que efectuó la Cámara de Diputados, aunque señaló que “como toda ley es perfectible, pero como se trata de conceptos que no modifican la sustancia de la ley, podría modificarse a través de leyes en el futuro”, a la vez que felicitó a los organismos y profesionales que trabajaron en la redacción de la norma legal.
Walter Saenz habló en representación de la bancada del radicalismo, anticipando el voto afirmativo e indicando que “se trata de una ley imprescindible para el desarrollo de la provincia”.
Por el bloque demócrata fue la senadora Nelly Gray de Cerdán, destacando que “ahora viene el desafío de establecer el reglamento de la ley, pensando en general sobre el desarrollo que queremos para Mendoza, porque es el timón que necesitamos para este proceso de desarrollo”. Dijo que este fue el corolario “de un esfuerzo de muchos, que han trabajado durante meses para concretar la norma legal”.
El senador de Confe, Víctor Salomone manifestó por su parte que las modificaciones efectuadas en Diputados han enriquecido la ley, a la que calificó de “necesaria, buena y que bien aplicada le puede traer muy buenos resultados a la Provincia”, destacando entonces que “vamos a seguir trabajando para enriquecerla y haciendo aportes que son fundamentales”.
Alejandra Naman también anticipó el voto afirmativo de la bancada del ARI, destacando que “el procedimiento de auditoría externa a cargo de las universidades y de los institutos de investigación contribuyen a la transparencia de la ley, a la vez que se establecen sanciones a los funcionarios públicos que pretendan transformar la ley”.
El titular de la bancada justicialista, Luis Ruzo, destacó por su parte que la ley interpreta las diferentes opiniones de los distintos sectores involucrados, destacando su satisfacción por el apoyo brindado por todos los bloques para la sanción definitiva.
Fuente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES Dirección de Comunicación Institucional
ARI Secretaría de Prensa
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