La desigualdad social y el ingreso ciudadano
Lic. Rubén Lo Vuolo
La propuesta del Ingreso Ciudadano provoca múltiples debates porque plantea una mirada distintiva sobre las políticas sociales, respaldada en un movimiento mundial de redes de Ingreso Ciudadano que pretende transferir un ingreso monetario básico financiado fiscalmente a toda persona por el sólo hecho de ser ciudadano. Este ingreso se articula con los derechos básicos de las personas siendo clave para la inserción social.
La existencia de este derecho garantizaría en sociedades mercantiles y monetizadas, como la nuestra, la garantía de un ingreso que será sustentado por todos los ciudadanos y permitirá generar valor en la economía haciendo una distribución más equitativa de la riqueza.
La propuesta del Ingreso Ciudadano asume que la mayoría de los integrantes de la comunidad hacen un trabajo útil para ella, cuestionando el mercado del trabajo como única manera de garantizarse un ingreso porque este es clasista y discriminadores. Este es un derecho que se otorga incondicionalmente, sólo por el simple hecho de existir, lo que implica una universalidad en el acceso al beneficio. Se paga todos los meses y funciona como el piso a través del cual quien lo perciba pueda crecer monetariamente.
Los principios en los que se sustenta son:
- La existencia en una red de seguridad básica que evita que existan personas por debajo de ciertos niveles de ingreso.
- La red debe ser preventiva de fácil acceso y no debe estigmatizar.
- El umbral de ingresos debe permitir condiciones de libertad real de las personas, evitar el clientelismo y la dependencia de la asistencia estatal.
- No discriminar entre personas de distinto sexo, estado civil, etc.
- Mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo.
- Ingreso Ciudadano es un DERECHO PERSONAL.
El Ingreso Ciudadano se fundamenta como opción frente a las debilidades del empleo para funcionar de inclusión social y como factor redistribuidor del trabajo y del ingreso, pero no como una causa de desaparición de la pobreza.
Propone, también, una visión alternativa sobre la situación de pobreza, considerándola como un emergente de la “cuestión social” derivada de la distribución de la riqueza, siendo el problema la “zona de vulnerabilidad social”. No existe una culpa individual por el problema de la pobreza, sino que es colectiva y ésta se resuelve no con políticas diferentes y diferenciadoras para los pobres, sino que se logra a través de la integración social mediante políticas universales e integradas con políticas tributarias.
Con esta política de transferencias de ingreso se promueve la igualdad social, la equidad en el tratamiento de las características personales, la racionalidad económica funcionando como política preventiva teniendo en cuenta la posibilidad que tenemos todos de ser pobres en cualquier momento.
La aplicación en Argentina debe implementarse gradualmente, con una selección de los grupos etarios a los que se los beneficiará primeramente y con una reforma tributaria, todo esto teniendo en cuenta que los menores de 14 años y los adultos mayores son las principales víctimas de las políticas sociales actuales. Por eso se pretende llegar a un Ingreso Ciudadano Universal a la Niñez (INCINI), que tiene como antecedentes el Proyecto de Ley presentado por Elisa Carrió y Elisa Carca en la Cámara de Diputados de la Nación en 1997, donde se plantea la universalidad, la progresividad de la aplicación y la incondicionalidad del INCINI, siendo los beneficiarios aquellos ciudadanos menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los discapacitados. Será pagado mensualmente a la madre o responsable de la tenencia, y como contraprestación se les exigirá un seguimiento médico regular y la obligatoriedad de la asistencia a clases de parte del niño.
Los recursos de los cuales se nutriría el INCINI saldrían del Fondo para el Ingreso Ciudadano a la Niñez (FINCINI) que se sustentaría en una contribución patronal del 7,5% del salario que actualmente es destinada al sistema de asignaciones familiares, de la eliminación o la reformulación de otros programas sociales existentes, y de una reforma sustancial al Impuesto a las Ganancias que implicaría: la eliminación total de las exenciones impositivas, la eliminación de las deducciones de las cargas de familia y la unificación de los mínimos no imponibles.
La existencia de este derecho garantizaría en sociedades mercantiles y monetizadas, como la nuestra, la garantía de un ingreso que será sustentado por todos los ciudadanos y permitirá generar valor en la economía haciendo una distribución más equitativa de la riqueza.
La propuesta del Ingreso Ciudadano asume que la mayoría de los integrantes de la comunidad hacen un trabajo útil para ella, cuestionando el mercado del trabajo como única manera de garantizarse un ingreso porque este es clasista y discriminadores. Este es un derecho que se otorga incondicionalmente, sólo por el simple hecho de existir, lo que implica una universalidad en el acceso al beneficio. Se paga todos los meses y funciona como el piso a través del cual quien lo perciba pueda crecer monetariamente.
Los principios en los que se sustenta son:
- La existencia en una red de seguridad básica que evita que existan personas por debajo de ciertos niveles de ingreso.
- La red debe ser preventiva de fácil acceso y no debe estigmatizar.
- El umbral de ingresos debe permitir condiciones de libertad real de las personas, evitar el clientelismo y la dependencia de la asistencia estatal.
- No discriminar entre personas de distinto sexo, estado civil, etc.
- Mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo.
- Ingreso Ciudadano es un DERECHO PERSONAL.
El Ingreso Ciudadano se fundamenta como opción frente a las debilidades del empleo para funcionar de inclusión social y como factor redistribuidor del trabajo y del ingreso, pero no como una causa de desaparición de la pobreza.
Propone, también, una visión alternativa sobre la situación de pobreza, considerándola como un emergente de la “cuestión social” derivada de la distribución de la riqueza, siendo el problema la “zona de vulnerabilidad social”. No existe una culpa individual por el problema de la pobreza, sino que es colectiva y ésta se resuelve no con políticas diferentes y diferenciadoras para los pobres, sino que se logra a través de la integración social mediante políticas universales e integradas con políticas tributarias.
Con esta política de transferencias de ingreso se promueve la igualdad social, la equidad en el tratamiento de las características personales, la racionalidad económica funcionando como política preventiva teniendo en cuenta la posibilidad que tenemos todos de ser pobres en cualquier momento.
La aplicación en Argentina debe implementarse gradualmente, con una selección de los grupos etarios a los que se los beneficiará primeramente y con una reforma tributaria, todo esto teniendo en cuenta que los menores de 14 años y los adultos mayores son las principales víctimas de las políticas sociales actuales. Por eso se pretende llegar a un Ingreso Ciudadano Universal a la Niñez (INCINI), que tiene como antecedentes el Proyecto de Ley presentado por Elisa Carrió y Elisa Carca en la Cámara de Diputados de la Nación en 1997, donde se plantea la universalidad, la progresividad de la aplicación y la incondicionalidad del INCINI, siendo los beneficiarios aquellos ciudadanos menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los discapacitados. Será pagado mensualmente a la madre o responsable de la tenencia, y como contraprestación se les exigirá un seguimiento médico regular y la obligatoriedad de la asistencia a clases de parte del niño.
Los recursos de los cuales se nutriría el INCINI saldrían del Fondo para el Ingreso Ciudadano a la Niñez (FINCINI) que se sustentaría en una contribución patronal del 7,5% del salario que actualmente es destinada al sistema de asignaciones familiares, de la eliminación o la reformulación de otros programas sociales existentes, y de una reforma sustancial al Impuesto a las Ganancias que implicaría: la eliminación total de las exenciones impositivas, la eliminación de las deducciones de las cargas de familia y la unificación de los mínimos no imponibles.
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