La Cámara de Diputados aprobó darle preferencia con despacho de comisión al proyecto de Ley de Tierras
Fue en la sesión de hoy en el Congreso Nacional.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la sesión de esta tarde darle preferencia con despacho de comisión al proyecto de Ley de Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales impulsado por las legisladoras de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Susana García.
Esto implica que la Comisión de Legislación General deberá tratarlo como primer tema en la próxima reunión para que después pase al Recinto. El proyecto fue presentado en esta Cámara consecutivamente cada dos años, al perder estado parlamentarios sin que llegue al debate en el Recinto, desde el año 2002 por Carrió y García.
El proyecto establece en su artículo tercero: "Prohíbese la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país".En los fundamentos del proyecto (que se adjunta a continuación) es establece que "La restricción de la propiedad de tierras, o lo que se conoce como Ley de Extranjerización de Tierras, tiene un contenido político que se traduce a través de la orientación que deben tener los Poderes Públicos, fijando la intervención del Estado en la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su producción nacional. Se establecen prohibiciones a la adquisición de tierras por extranjeros, en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites en la adquisición de inmuebles rurales por los no nacionales. En Estado Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos las leyes que protegen sus tierras se basan en tres barreras: 1) Tiempo prolongado de residencia, para evitar las especulaciones inmobiliarias, sobre todo cuando la moneda del país que se trate se encuentra devaluada. 2) Demostrar que la plata no proviene del lavado de dinero, ya que la mecánica del dinero ilegal suele estar relacionada con la compra de tierras. 3) Proyectar qué se quiere hacer con ese campo, para mostrar que el negocio genera algo para el país, como puestos de trabajo en una planta productiva".
"A partir de 1990, los responsables políticos del Estado Nacional continuaron, juntamente con una mayor apertura económica y privatización de las empresas públicas, un proceso de desmantelamiento de los organismos y funciones de acción estatal que regulaban aspectos de la producción y comercialización agropecuarias. Las políticas que por largos años se implementaron, dejaron de lado la planificación y el rol del Estado para orientar el desarrollo, a la vez que realzaban la acción del mercado y de las inversiones extranjeras. Los resultados alcanzados están a la vista: incremento de las desigualdades sociales, pérdida de la calidad de vida para una parte importante de la población y deterioro de los recursos naturales", dice el proyecto de Carrió y García en sus fundamentos.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la sesión de esta tarde darle preferencia con despacho de comisión al proyecto de Ley de Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales impulsado por las legisladoras de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Susana García.
Esto implica que la Comisión de Legislación General deberá tratarlo como primer tema en la próxima reunión para que después pase al Recinto. El proyecto fue presentado en esta Cámara consecutivamente cada dos años, al perder estado parlamentarios sin que llegue al debate en el Recinto, desde el año 2002 por Carrió y García.
El proyecto establece en su artículo tercero: "Prohíbese la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país".En los fundamentos del proyecto (que se adjunta a continuación) es establece que "La restricción de la propiedad de tierras, o lo que se conoce como Ley de Extranjerización de Tierras, tiene un contenido político que se traduce a través de la orientación que deben tener los Poderes Públicos, fijando la intervención del Estado en la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su producción nacional. Se establecen prohibiciones a la adquisición de tierras por extranjeros, en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites en la adquisición de inmuebles rurales por los no nacionales. En Estado Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos las leyes que protegen sus tierras se basan en tres barreras: 1) Tiempo prolongado de residencia, para evitar las especulaciones inmobiliarias, sobre todo cuando la moneda del país que se trate se encuentra devaluada. 2) Demostrar que la plata no proviene del lavado de dinero, ya que la mecánica del dinero ilegal suele estar relacionada con la compra de tierras. 3) Proyectar qué se quiere hacer con ese campo, para mostrar que el negocio genera algo para el país, como puestos de trabajo en una planta productiva".
"A partir de 1990, los responsables políticos del Estado Nacional continuaron, juntamente con una mayor apertura económica y privatización de las empresas públicas, un proceso de desmantelamiento de los organismos y funciones de acción estatal que regulaban aspectos de la producción y comercialización agropecuarias. Las políticas que por largos años se implementaron, dejaron de lado la planificación y el rol del Estado para orientar el desarrollo, a la vez que realzaban la acción del mercado y de las inversiones extranjeras. Los resultados alcanzados están a la vista: incremento de las desigualdades sociales, pérdida de la calidad de vida para una parte importante de la población y deterioro de los recursos naturales", dice el proyecto de Carrió y García en sus fundamentos.
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