Dirigentes de Coalición Cívica ARI manifestaron su preocupación por el tratamiento de la Ley Antiterrorista en el Congreso

Dirigentes de Coalición Cívica ARI manifestaron su preocupación por el tratamiento de la Ley Antiterrorista en el Congreso

Los dirigentes del Partido Coalición Cívica ARI, Adrián Pérez (secretario general), Horacio Piemonte (diputado nacional), Fernanda Reyes, Pablo Javkin, Fernanda Gil Lozano y la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía, manifestaron hoy su preocupación por el tratamiento en el día de mañana de la Ley Antiterrorista impulsada por el oficialismo en el Congreso de la Nación que, destacaron, “Bajo el pretexto de reforzar la capacidad estatal de reprimir actos de terrorismo y su financiamiento, incorpora al Código Penal una nueva agravante `para cualquier delito cometido con la finalidad de generar terror en la población ode obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión´´. “El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques”, señalaron los dirigentes de CC ARI.

Según los referentes de CC ARI, “La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.” “Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.”

En el día de la fecha, Reyes, Gil Lozano y Sánchez Andía firmaron en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo una declaración conjunta con diferentes organizaciones sociales en repudio por el tratamiento de la Ley.

Fuente: Sitio Web Adrián Pérez